Xalapa, Ver., 15 de junio de 2026.- Por unanimidad de votos, las diputadas y los diputados
de la LXVII Legislatura aprobaron el Dictamen de Decreto por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la
implementación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la
liquidación anticipada de la deuda bursátil municipal y su sustitución por un esquema de
menor costo financiero, vinculado al mecanismo de bursatilización autorizado mediante
Decreto número 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 11 de junio de
2008.
El Gobierno de Veracruz podrá llevar a cabo las acciones administrativas, financieras,
presupuestales operativas necesarias para su ejecución, así como celebrar y suscribir con
los municipios participantes del Programa los convenios, contratos y demás instrumentos
jurídicos que resulten necesarios.
El Dictamen, que registró 48 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, resultado de
la Iniciativa presentada a este Congreso por la gobernadora Rocío Nahle García y emitido
por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, detalla que el Programa Estatal
Extraordinario de Saneamiento Financiero tiene por objeto fortalecer la sostenibilidad
financiera, estabilidad hacendaria y liquidez de los ayuntamientos participantes en el
esquema de bursatilización municipal, mediante la liquidación anticipada total de las
obligaciones bursátiles actualmente vigentes.
Asimismo, busca sustituir el esquema bursátil vigente del que forman parte los municipios
participantes en la bursatilización por el Programa, libre de intermediación bancaria y
fiduciaria, mediante el cual el Estado absorberá la proporción de apoyo que corresponda
conforme al Decreto y las autoridades participantes cubrirán la parte que les sea aplicable
bajo condiciones financieras más favorables.
De igual forma, prevé generar ahorros para los municipios participantes del Programa,
estableciendo la obligación de destinarlos exclusivamente a obra pública, inversión pública
productiva e infraestructura en beneficio de la población.
Además, se establecerán mecanismos de coordinación, supervisión, seguimiento,
comprobación y rendición de cuentas entre el Estado y los municipios participantes del
Programa, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto,
incluyendo la correcta aplicación de los ahorros generados en obra pública, inversión pública
productiva e infraestructura municipal.
La Sefiplán podrá realizar las erogaciones, transferencias, aportaciones y demás
operaciones presupuestarias y financieras que resulten necesarias para llevar a cabo la
amortización anticipada total de las obligaciones bursátiles municipales comprendidas en el
Programa, incluyendo el pago de la prima por amortización anticipada y demás conceptos
asociados a dicha operación.
Los municipios participantes del Programa deberán suscribir con el Gobierno del Estado los
convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la
liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles municipales y la adopción del
mecanismo financiero que sustituya al esquema bursátil vigente y la implementación del
Programa.
La instancia dictaminadora refiere que el mecanismo propuesto no constituye
financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional para los municipios,
“sino una medida extraordinaria de apoyo estatal, coordinación financiera, saneamiento de
pasivos preexistentes y optimización presupuestal”.
Añade que esta medida cuenta con un hecho de excepcional relevancia institucional: la
aprobación unánime de los 199 municipios participantes mediante acuerdos de Cabildo, en
los que autorizan la liquidación anticipada, facultan a sus representantes para suscribir los
instrumentos jurídicos correspondientes y se comprometen a destinar los ahorros generados
exclusivamente a obra pública.
“Este consenso trasciende diferencias políticas, territoriales y económicas, representando un
hito en la historia financiera y política del Estado”, puntualiza.
Posición de las fuerzas políticas
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la presidenta de la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, destacó que este decreto es
congruente con los principios de coordinación hacendaria, disciplina financiera, responsabilidad presupuestal y eficiencia en el gasto público que caracteriza el gobierno de
la mandataria Rocío Nahle García, “asegura que esos recursos que alguna vez estuvieron al
servicio de una deuda onerosa ahora se usen para lo que verdaderamente importa: en el
bienestar de las familias veracruzanas”.
Tras enlistar los altibajos de los certificados bursátiles y los montos que se pagarían de
continuar con la bursatilización de 2008, la legisladora dijo que esta historia cambiará, toda
vez que los municipios podrán salir del pantano financiero gracias a la intervención del
Gobierno del Estado, “con una estrategia que los liberará de los contratos abusivos siempre
y cuando enfoquen todo ese ahorro presupuestal para obras que beneficien a sus pueblos”.
En voz de su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la propuesta de la mandataria, quien
“pudo dejar que la deuda siguiera su curso hasta el 2036”, sin embargo, “decidió hacerse
cargo de resolverlo”, “no como responsable sino como respondiente”. Y dijo confiar en que
el recurso que se regresa a los municipios sea aplicado de manera responsable en los
ayuntamientos.
A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que “todo lo que mejore las
finanzas de los municipios y que esto se vea reflejado en mejores servicios públicos” tendrá
el apoyo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, presentó
algunas observaciones y preguntas acerca del origen de los recursos con los que el gobierno
saneará la deuda si no contratará un monto mayor y sobre la autonomía municipal en la
administración de sus propios recursos.
El diputado Ramón Díaz Ávila adelantó el respaldo del Partido del Trabajo (PT) al dictamen,
que ya cuenta con la aprobación previa de los acuerdos de 199 cabildos, que autoriza la
liquidación anticipada del adeudo y su compromiso para destinar los ahorros generados a la
obra pública social. “Esta medida es una oportunidad clave para aliviar la carga financiera,
sanear las finanzas públicas y generar condiciones presupuestales favorables para el
desarrollo de los municipios”, afirmó.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada
subrayó que cuando una propuesta beneficia a los municipios y a sus ciudadanos debe
reconocerse y acompañarla. Agregó que el programa para liquidar anticipadamente la
bursatilización y sustituirla por un esquema de menor costo financiero es una medida
necesaria, ya que corrige un problema que se arrastra desde 2008. Reconoció la
convergencia de voluntades de los 199 municipios involucrados para mejorar las condiciones
financieras.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enlistó
algunas disposiciones que, a su consideración, resultan imprecisiones respecto a nombres
de municipios, cifras de deuda y cómo se aplicarían los recursos excedentes. Externó que el
decreto no considera los imprevistos que, por lo general, surgen en la administración
pública municipal, como contingencias climatológicas que obligan a usar los recursos de
manera inmediata.
El representante popular Héctor Yunes Landa dijo que desde sus inicios rechazó la
bursatilización por los riesgos financieros e institucionales que representaba y que ser
legislador del partido en el poder no significa un apoyo incondicional a las decisiones del
Ejecutivo. “Emitiré mi voto a favor, en la certeza de que el nuevo esquema deberá fortalecer
todos sus mecanismos de transparencia y acceso a la información que otorguen certeza a
los veracruzanos sobre el destino del presupuesto del estado”, agregó.
En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina, Ana Rosa
Valdés Salazar y Dulce María Hernández Tepole.
Fuente: Hora Cero
Congreso de Veracruz pone fin a la bursatilización de 2008 – Hora Cero













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